El Informe de Progreso 2023 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible destaca la necesidad de seguir avanzando en las medidas de la Agenda 2030
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de la Estrategia de Desarrollo Sostenible [PDF]
El Consejo de Ministros ha aprobado el Informe de Progreso 2023 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, un informe que, si bien pone de manifiesto todos los avances llevados a cabo por nuestro país en materia de políticas transformadoras, señala a este año 2023 como "bisagra" entre los logros conseguidos y el camino que falta por recorrer hasta los objetivos del 2030.
Además, coincidiendo con el final de la legislatura, este documento sirve como balance de las medidas implementadas por el Gobierno en línea con los avances que plantea la Agenda 2030.
Como ya se señaló en el Informe de Progreso de 2022, "España ha alcanzado su velocidad de crucero en la adopción de medidas para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En un contexto global complejo, nuestro país puede y debe aspirar a jugar un papel destacado en las transformaciones necesarias para abordar los retos pendientes. Para ello es necesario seguir impulsando las políticas aceleradoras y las prioridades de actuación que compromete la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, así como continuar fortaleciendo la colaboración con todos los niveles de la administración y favorecer también la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil. La meta final es construir sociedades más justas, más sostenibles y más democráticas en todo el mundo."
Durante este año 2023 se ha continuado progresando en buena parte de las políticas aceleradoras. Algunas señaladas por el Informe son la Ley por el derecho a la vivienda, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTB; la ley de refuerzo del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo; el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones; la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar los compromisos de la Carta Social Europea o los diferentes reales decretos para hacer frente a los impactos de la guerra en Ucrania son solo un ejemplo de esto.
Según señala el texto, todas estas normas suponen "un refuerzo al programa ya iniciado por otras medidas que estructuran la labor del Gobierno en términos de aplicación de la Agenda 2030, como son la Ley de cambio climático y transición energética o el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo".
En referencia al balance de la legislatura, el documento señala que en estos últimos cuatro años, España ha dado "un verdadero salto de gigante en lo que a la aplicación de la Agenda 2030 se refiere". Según señala, el "elemento clave" para ello fue la aprobación de la EDS 2030, seis años después de la aprobación de la Agenda 2030 por Naciones Unidas, que se ha constituido como la hoja de ruta "ineludible" para llevar a cabo una transformación estructural del modelo de desarrollo español.
En cuanto a datos y cifras concretas, se observa que en lo relativo al Reto 8, acabar con la despoblación y hacer frente al reto demográfico, se trata de otro de los elementos centrales para la transformación sostenible de nuestro modelo. Está profundamente vinculado a otros Retos como el 1, el 2, el 4 o el 6. Cuando anteriormente se ha señalado que uno de los principales riesgos al que nos enfrentamos es la aparición de una sociedad dual, los desequilibrios rural-urbano, son uno de los posibles mayores riesgos a este respecto.
Además de por las cuestiones vinculadas a la desigualdad, hacer frente a este la despoblación en España es también clave por la vinculación que lo mismo tiene a las políticas de adaptación al cambio climático. Conforme avancemos en el S. XXI habrá zonas de nuestro país en las que las condiciones de vida (por la temperatura o la escasez de agua, por ejemplo) sean realmente diferentes. Por esa razón, los próximos años deberían ser los años de para establecer una nueva "vertebración" de España, potenciando la calidad de vida en las zonas rurales y en las ciudades medias y pequeñas, que juegan un papel esencial para fijar población en el territorio.
Para ello, además de profundizar en las políticas que ya se están llevando a cabo para garantizar servicios públicos o asegurar la llegada de infraestructuras tecnológicas, un punto central tiene que ser el del reconocimiento de las necesidades y demandas propias de las zonas más despobladas en el marco de las grandes transformaciones. Específicamente en las referidas al Reto 2, existe un potencial riesgo para la transición energética justa cuando la misma se realiza sin atender a los posibles agravios o desigualdades que genera en diferentes territorios. La oposición regional a determinadas infraestructuras eólicas que ha sido creciente a lo largo de la legislatura presenta un desafío muy importante en este sentido y nos obliga a redoblar los esfuerzos para hacer una aproximación integral a la implementación de la Agenda 2030.
Estos son algunos de los datos más destacables que, según el Informe, constatan que el futuro del desarrollo sostenible se juega en "la próxima década". "De cómo organicemos la sociedad, la economía y la política para hacer frente a los retos sobre sostenibilidad, desigualdad y transición productiva dependerá que en la segunda mitad del siglo XXI el conjunto de la humanidad conviva en un planeta sostenible y capaz de asegurar las condiciones para una vida digna y plena de todas las personas que viven en él", señala el texto.